En definitiva, puede concluirse que la doctrina legal y jurisprudencial está de acuerdo en una regulación de la acción popular que excluya a los partidos políticos de su ámbito subjetivo como, por ejemplo, ya intentó el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, que negó legitimación activa para el ejercicio de la acción popular a los partidos políticos, los sindicatos y a las personas jurídicas públicas.